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Persecución política, mediática y judicial que intenta proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Más de medio millar de jefes municipales de 22 provincias del país salieron en apoyo de la Vicepresidenta, que enfrenta un juicio oral por desvió de fondos públicos. Acusan un intento por proscribirla.
A través de un comunicado, aseguraron que el juicio oral que la Vicepresidenta enfrenta por el desvió de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, caso conocido como “Vialidad”, representan –en realidad– un intento por proscribirla de la actividad política.
“La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, apuntaron.
Rechazo a la «utilización del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento social»
Intendentes de las provincias del país repudiaron este domingo la «persecución judicial» contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a raíz del juicio que se le sigue por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y rechazaron la «utilización del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento social».
Más de 500 intendentes pertenecientes a ciudades de todo el país firmaron una solicitada en la que manifestaron su «preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social».
Ante esa situación, consideraron que existe una «persecución judicial» contra la exmandataria, en referencia al juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y señalaron que ese proceso «se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación».
Los jefes comunales alertaron que estas acciones constituyen «una práctica violatoria de los derechos, que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente».
En tanto, exhortaron por «una Justicia a la altura de las circunstancias», al recordar la cercanía de «la celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida» en la Argentina. También instaron a la comunidad a «rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos».
El documento fue firmado por 509 intendentes de 22 provincias.
En ese sentido, afirmaron –en representación de “Los Intendentes del Interior del país” – “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
El escrito contó con la firma de intendentes de Jujuy (8), Catamarca (17), Tucumán (38), Salta (4), Santiago del Estero (158), Corrientes (8), Chaco (47), Formosa (37), Misiones (1), Córdoba (55), Santa Fe (34), Entre Ríos (33), Mendoza (2), San Luis (1), San Juan (2), La Rioja (17), Chubut (9), La Pampa (7), Neuquén (4), Río Negro (8), Tierra del Fuego (3) y Santa Cruz (16).
Por último, el escrito concluyó: “Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.
El caso
Cristina Kirchner enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y exsocio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy condenado por otros casos de corrupción y bajo arresto domiciliario. Se trata del primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución.
En el caso, se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015. Los acusados son 13. Además de Báez y Cristina los exfuncionarios Julio De Vido (exministro de Obras Públicas), José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (extitular de Vialidad Nacional), entre otros. La Fiscalía ya adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que pedirá condena.
En el último tiempo, sin embargo, se dieron a conocer imágenes del fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu de la causa compartiendo equipo de fútbol en los torneos que el expresidente Mauricio Macri organiza en su quinta “Los Abrojos”, ubicada en la localidad de los Polvorines, provincia de Buenos Aires.
Al respecto, Cristina aportó más información a través de una serie de tweets en donde profundizó sobre la relación de ambos con Macri y los abogados defensores hicieron el pedido formal para recusar tanto a Luciano como a Giménez Uriburu por la “existencia de relación personal” entre las partes y por “falta de imparcialidad”, lo que implicaba apartarlos del caso, algo que finalmente la Justicia denegó.
Alrededor de 500 intendentes de todo el país salieron en apoyo de Cristina Fernández de Kirchner ante el juicio que se lleva a cabo en su contra por acusaciones de corrupción en la obra pública.
A través de un comunicado, aseguraron que el juicio oral que la vicepresidenta enfrenta por el desvió de fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, caso conocido como “Vialidad”, representan –en realidad– un intento por proscribirla de la actividad política.
“La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, apuntaron.
En ese sentido, afirmaron –en representación de “Los Intendentes del Interior del país” – “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.
El escrito contó con la firma de intendentes de Jujuy (8), Catamarca (17), Tucumán (38), Salta (4), Santiago del Estero (158), Corrientes (8), Chaco (47), Formosa (37), Misiones (1), Córdoba (55), Santa Fe (34), Entre Ríos (33), Mendoza (2), San Luis (1), San Juan (2), La Rioja (17), Chubut (9), La Pampa (7), Neuquén (4), Río Negro (8), Tierra del Fuego (3) y Santa Cruz (16).
Por último, el escrito concluyó: “Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.
«No al lawfare», la solicitada de intelectuales en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner
Un grupo de intelectuales, dirigentes y funcionarios advirtió hoy en una solicitada que el juicio que investiga supuestos direccionamientos en la obra pública de Santa Cruz busca «proscribir» a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y «ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades».
Distintas personalidades de la política y los derechos humanos se expresaron en esa línea a través de una solicitada titulada «No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner», y que fue publicada hoy en dos matutinos.
En ese texto, aparecido en los diarios Tiempo Argentino y Página 12, y firmado por organizaciones, intelectuales y dirigentes políticos, se advirtió que «la persecución política a la compañera Cristina Fernández de Kirchner transita por estos días por los caminos más escandalosos».
Entre los firmantes están la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni y el abogado Eduardo Barcesat; la militante de derechos humanos Rosa Bru; el periodista Víctor Hugo Morales; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y diputado del Parlasur, Víctor Santa María, y la especialista en temas de género Dora Barrancos, entre otros intelectuales, periodistas, parlamentarios, gremialistas, embajadores, funcionarios y artistas.
https://twitter.com/C5N/status/1561367472074285057
