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Por Maximiliano Borches. Un día como hoy, hace 63 años, el pueblo peronista brindó un ejemplo de resistencia cívica. Aquel 28 de julio de 1957, el gobierno encabezado por los fusiladores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, junto a la complicidad de los radicales que se presentaron divididos (UCRI y UCRP respectivamente), socialistas, PDC, PC y conservadores, se presentaron a la elección para elegir Convencionales Constituyentes, con la finalidad de legitimar la derogación de la revolucionaria Constitución de 1949. Regía el decreto-ley 4161 que prohibía los nombres de Perón, Evita Perón y toda mención al peronismo. El voto en blanco de las mayorías populares encabezó las preferencias electorales con el 25%. Los cómplices del golpe de Estado cívico-militar-eclesiástico, intentaron borrar esta infamia de la historia nacional. Quien quiera oír que oiga.
Consumado el golpe cívico-militar-eclesiástico del 16 de septiembre de 1955, dos de las primeras acciones de los cabecillas golpistas, los fusiladores Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas, fue imponer el decreto-ley 4161, que prohibía mencionar los nombres de Juan Domingo y Evita Perón, y toda mención al peronismo/justicilaismo, también quedaba prohibida la “Marcha peronista”, y comenzó una feroz persecución contra dirigentes políticos, sindicales, artistas, deportistas y toda persona que se reivindicara peronista, o lo haya hecho durante los gobiernos de Juan Perón.
En este contexto que sumaba otro episodio a la tantas veces interrumpida historia democrática argentina, el gobierno de facto, con la complicidad intacta de radicales, divididos en esa época entre la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), socialistas, comunistas, demócratas cristianos y conservadores, convocaron a unas ilegítimas elecciones con el fin de “elegir” Convencionales Constituyentes para legitimar la derogación de la revolucionaria Constitución de 1949, y asentar las bases de otra ilegítima “elección democrática”, que se produciría al año siguiente. Todo esto, con la proscripción de las mayorías populares, identificadas con el peronismo.
El resultado de esa ilegal elección, fue que el voto en blanco rozó el 25% del total de los sufragios, convirtiéndose en la mayor cantidad de votos. Entre las dos facciones de la UCR, lograron menos del 40% -sin que ninguna haya logrado superar el 25% obtenido por el voto en blanco. El resto, se dividió entre el resto de los partidos cómplices de la dictadura de Rojas y Aramburu.
Producto de la resistencia peronista, y de la memoria reciente de conquista de derechos que se había producido durante los años de la revolución justicialistas, aquella Convención Constituyente ilegítima no le quedó otra opción que avanzar con el famoso artículo 14bis que volvió a convalidar algunos de los derechos laborales que había instituido la Constitución de 1949. Lo que no se logró fue reforjar el artículo 40, aquel que rezaba (entre otras cosas) que “el Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales” y que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación”.
