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El Relatar Especial sobre la Independencia de los magristrados y abogados de la ONU, Diego García Sayán, solicitó explicaciones al gobierno de coalición PRO-UCR-ARI en Cambiemos, por una serie de hechos que van de presiones, persecución y designación de jueces amigos. La causa del Correo Argentino y las presiones hacia el juez Ramos Padilla, entre los casos nombrados. El macrismo cuanta con 60 días para responder.
Entre los casos que el Relator Especial sobre la Independencia de los magristrados y abogados de la ONU, Diego García Sayán, mencionó puntualmente es el de la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó, quien debió renunciar tras diferentes presiones, así como también el pedido de jury hacia el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien todavía tiene en sus manos una investigación que salpica al gobierno en el marco de una trama inmensa de agentes de inteligencia, jueces y políticos que espiaban y extorsionaban a su favor.
También hace especial énfasis en el accionar del gobierno frente a los fiscales de la causa del Correo Argentino, que como se recuerda, afectaba principalmente al presidente, quien le perdonó una deuda millonaria a la empresa que había manejado su padre y por lo tanto, al Grupo Macri.
“Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, expresó, tajante, García Sayán, en el documento que sacó a la luz el Cohete a la Luna.
Lo cierto es que el enviado de las Naciones Unidas le dio un plazo de 60 días al gobierno para que responda, a sabiendas de que para entonces Macri ya habrá abandonado el poder. Por lo cual, en caso de que el actual gobierno no lo haga, la respuesta oficial deberá nacer de la gestión de Alberto Fernández.
En su documento, la denuncia también puntualiza la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Quizás uno de los atropellos más criticados hacia el gobierno de Macri.
“Estos ataques, presuntamente, se llevaron a cabo en sintonía con los principales medios de comunicación, que también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses”, sostuvo el relator especial de Naciones Unidas.
El Relator Especial de la ONU, también apunta a la gobernadora mactrista María Eugenia Vidal
En el informe de 15 hojas se recuerda el polémico accionar en el marco de la designación de un juez a fin a la gobernadora María Eugenia Vidal como juez federal electoral, en pleno año de comicios.
Se trata de la designación arbitraria de Juan Manuel Culotta, quien extendió su competencia como juez federal de Tres de Febrero hacia toda la provincia, luego de que el cargo quede vacante tras la muerte de Manuel Blanco, en 2014.
Lo llamativo, es que según García Sayan, el propio Culotta tendría vínculos personales con el presidente y con Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica del gobierno.
