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Por Maximiliano Borches. Las dramáticas consecuencias económicas que impone la pandemia a nivel global, se transformaron en particular aliado de la oposición macrista/radical/lilito que marchan junto al denominado “Círculo Rojo”, en la presión devaluatoria para que los salarios de los trabajadores definitivamente se licuen, y el Gobierno de TODOS limite su poder de acción política. Lejos quedaron los festejos por la reestructuración con los bonistas externos. En tanto, el precio de los alimentos avanza a pasos agigantados, encendiendo todas las alarmas en la sociedad, y en particular, en los barrios populares. Este medio se comunicó con la prensa de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y respondieron que “tiene una agenda súper apretada, por ahora no va a poder dar una entrevista”.
En momentos que se profundiza el golpe de Estado blando contra el gobierno popular, que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el Frente de Todos parecería estar con la guardia baja. En las últimas semanas, una serie de presiones económicas de fuste, derivaron en un alza aparentemente imparable del dólar paralelo, que oscila los $190 por unidad con una brecha de más de 120% respecto al oficial, sin que haya al cierre de esta nota, ninguna medida concreta para frenarlo.
A esta situación objetiva, que apunta de manera contundente a la subjetividad poblacional, ya que las transacciones en base a dólares se realizan tomando el precio oficial de la moneda estadounidense y no el valor en “negro”, se le suma la negativa de los productos agropecuarios de liquidar unos U$S 8 mil millones de dólares, que suponen las 16.4 millones de toneladas de soja que continúan guardadas en silobolsas, a la espera de lograr o bien una gran devaluación, o un control político del gobierno de TODOS, que daría por finalizada la relación con sus bases de apoyo político. La tapa del diario “Clarín” de este viernes 23 de octubre, es contundente en este sentido.
Las grandes debilidades del Gobierno de TODOS
En este difícil escenario, las ambiguas respuestas del Ejecutivo solo fortalecen las posiciones de opositores políticos, mediáticos y judiciales, habilitando al menos por ahora, el desarrollo de sus acciones conspirativas.
No solo el gobierno se desangra en una crisis económica heredada en parte por macristas y radicales, y profundizada por los efectos que a nivel mundial impone la pandemia de coronavirus. En paralelo, la falta de control estatal respecto a los productores de alimentos, habilitan una escalada astronómica en el sensible precio de la comida, cada vez más prohibitiva para millones de argentinos.
A esta situación, hay que agregarle la inexplicable falta de reglamentación por parte del Ejecutivo de Ley de Góndolas, aprobada el pasado 28 de febrero por 56 votos a favor y 4 abstenciones, en el Senado de la Nación. El proyecto, establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30 por ciento del espacio de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores. También determina que se le deberá brindar 25 por ciento a los productos de las Pymes y un 5 por ciento a los de la agricultura familiar.
Ya sea por lobby de las grandes cadenas de supermercados, en conjunto con las principales empresas productores de alimentos, como por simple especulación ante la inacción gubernamental al respecto; lo cierto es que el Gobierno Nacional debe tomar rápidamente cartas en el asunto, para evitar un costo aún mayor en la credibilidad de su base política.
El pasado 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, millones de argentinos renovaron su apoyo al Gobierno Nacional, tanto a través de sus presencias en caravanas que recorrieron todo el país, como de manera virtual a través de las redes sociales. Sería, mínimamente, una enrome irresponsabilidad despreciar esas muestras de apoyo popular, que también llevaron un mensaje: “Hagan lo que tienen que hacer para controlar precios y sacar a la Argentina del pozo en que nos dejaron”.
