Por Maximiliano Borches. La defensa de la comida y el trabajo para nuestro pueblo no se declama, se defiende con acciones concretas. En estas horas dramáticas, donde al caos económico-social producido por la pandemia del Covid-19 (coronavirus), se le suma la recesión económica más grande de la historia nacional, heredada de macristas y radicales; la ofensiva patronal y los especuladores que vuelven prohibitivo el acceso a la comida, intentan cercar en táctica de pinzas al gobierno popular de TODOS. Urge resolver prontamente como actuar en concreto ante esta embestida. Los peronistas tenemos historia, mística y una doctrina. Se torna necesario volver a ellas con organización popular, y decidida participación de las organizaciones libres del pueblo.
El próximo 15 de abril, se cumplirán 67 años de aquel masivo acto de trabajadores, que una vez más habían desbordado la histórica Plaza de Mayo, para apoyar al líder popular Juan Domingo Perón, en su enfrentamiento contra los especulares que intentaban –como ahora- quitarle la comida de la boca al pueblo argentino. Corría un ajetreado año de 1953, donde comenzaba a tejerse el criminal bombardeo sobre esa plaza y el posterior golpe de Estado, dos años después.
Es la hora del pueblo argentino, y de aprovechar el enorme apoyo popular que respalda al presidente Alberto Fernández, para aplicar en su totalidad las leyes de Abastecimiento, Competencia y Defensa del Consumidor, y traducirlo en medidas de control popular, articuladas con sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y políticas, para monitorear de manera férrea cada supermercado, cada almacén de cercanía, cada farmacia. Así también, profundizar en medidas ejemplares contra los bancos privados, para que de inmediato pongan a disposición créditos para Pymes a una tasa de 24% -al igual que viene sosteniendo la banca pública, que ya prestó 10 mil millones de pesos desde que comenzó la cuarentena- y aplicar impuestos extraordinarios a la renta diferencial agraria, a los beneficiarios del blanqueo de capitales macrista, a quienes tienen cuentas off-shore y a las grandes empresas que rebajen salarios, y/o suspendan o despidan trabajadores. “El que atenta contra la estabilidad de la familia, atenta contra la patria”, Juan Perón
Casi siete décadas después, se vive una situación similar en nuestro país, con la feliz diferencia de que no se pergeña ningún golpe de Estado, pero con la novedosa problemática de atravesar una pandemia que a nivel global superó ampliamente el millón de infectados y las setenta y cinco mil muertes (al cierre de esta nota, en nuestro país se contabilizaron 1.628 infectados, 53 muertos y 325 pacientes recuperados)
En este contexto, el grupo Techint despidió finalmente 1.450 trabajadores –a pesar del DNU 329/2020 que prohíbe despidos por 60 días-, luego de llegar a un acuerdo con el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, integrante de la conducción “gorda” de la CGT (a cambio del correspondiente pago indemnizatorio y la “promesa” no escrita de reincorporarlos una vez superad la cuarentena) Otras empresas se apuraron a despedir a otros miles de trabajadores antes de la aparición de dicho decreto, el pasado 31 de marzo a medianoche, y cada vez se conocen más casos de otras firmas que flexibilizan el pago de salarios a sus trabajadores.
A esto, hay que sumarle la especulación de formadores de precios, supermercadistas y cada vez más comerciantes, que de manera miserable especulan con los precios de la comida y otros productos de primera necesidad en un contexto recesivo.
Hasta el momento, el presidente Alberto Fernández –que cuenta con un apoyo popular del 75,9%, según la Consultora Taquion– amenazó en más de una oportunidad con tomar medidas, y algunas de las que tomó, no están exentas de esos “buenos modales anti-grieta” , impuestos por los principales medios masivos de comunicación. Esos mismos que generaron tanto odio en los últimos siete años.
Es la hora del pueblo argentino, y de aprovechar esa enorme apoyo popular, para aplicar en su totalidad las leyes de Abastecimiento, Competencia y Defensa del Consumidor, y traducirlo en medidas de control popular, articuladas con sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y políticas, para monitorear de manera férrea cada supermercado, cada almacén de cercanía, cada farmacia; como así también profundizar en medidas ejemplares contra los bancos privados, para que de inmediato pongan a disposición créditos para Pymes a una tasa de 24% -al igual que viene sosteniendo la banca pública, que ya prestó 10 mil millones de pesos desde que comenzó la cuarentena- y aplicar impuestos extraordinarios a la renta diferencial agraria, a los beneficiarios del blanqueo de capitales macrista, a quienes tienen cuentas off-shore y a las grandes empresas que rebajen salarios, y/o suspendan o despidan trabajadores.
En el tramo, quizá, más sobresaliente del discurso pronunciado por Juan Perón, aquel 15 de abril de 1953, afirmó: “Con referencia a los especuladores, ellos son elementos coadyuvantes y cooperantes de esta acción. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios aunque tenga que colgarlos a todos. Y ustedes ven que tan pronto se ha comenzado, y el pueblo ha comenzado a cooperar, los precios han bajado un 25 por ciento. Eso quiere decir que, por lo menos, estaban robando un 25 por ciento. Han de bajar al precio oficial calculado, porque eso les da los beneficios que ellos merecen por su trabajo. No queremos ser injustos con nadie. Ellos tienen derecho a ganar, pero no tienen derecho a robar”
Ver:
Ofensiva patronal: El gobierno de TODOS prohíbe despidos y suspensiones por 60 días