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Si bien resultaría necesario contar con una ley que brinde margen jurídico para unificar las inteligencia civil (AFI-el SIDE) con la militar y criminal, el Gobierno de Javier Milei y Victoria Vilarruel caminan en esa dirección, a pesar de generar –por ahora- algunas internas entgre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y la polifacética ministra de Seguridad, Patricia Buillrich, que guarda algunos reparos por pérdidas de poder que podría tener. En enero de este año, los “libertarios”, llenaron de militares retirados las oficinas de la sede de Inteligencia.
Desde que el Gobierno nacional designó al abogado Silvestre Sívori, como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), decenas de exmilitares desembarcaron en sus oficinas. En este sentido, La AFI hereda una estructura con medio centenar de direcciones, algunas de muy pocos integrantes. Los militares llegan de la mano de Guillermo Maximiliano Montenegro -el armador de Villarruel- pero todo en una estructura de intervención precaria. Como segundo de la intervención el exsubteniente C.M. Prestó asesoramiento a la vicepresidenta Jorge Domínguez, quien fue director de Inteligencia de Gendarmería.
En este sentido, la dirección de Exterior pasó a formar parte de Cancillería y que la de Interior forma parte de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, mientras que Inteligencia Estratégica opera bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse.
Por estas horas se supo, a través de un artículo publicado en Clarín el 25/3, y firmado por el periodista Emiliano Russo, que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) impulsa la «mudanza» de las oficinas de Inteligencia Militar y de su similar del ministerio de Seguridad a la histórica sede central de la ex SIDE, frente la Casa Rosada, con el objetivo de «eliminar barreras» y hacer más eficaz la tarea de prevención frente a las amenazas que puedan afectar al país.
El proyecto no es nuevo e, incluso, se intentó concretar a comienzos de los años 2000. Pero ahora la central de espionaje volvió a la carga y encaró distintas negociaciones para poder llevar adelante esta reforma. A principios de marzo, de hecho, se realizó una reunión en Casa de Gobierno para «coordinar» la integración de los tres subsistemas en la histórica sede de calle 25 de Mayo.
Participaron de ese encuentro Silvestre Sívori, interventor de la AFI; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y su secretario de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer, el titular de Defensa, Luis Petri y el brigadier retirado Jorge Antelo, secretario de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete y, a la postre, los «ojos» de Nicolás Posse desde la época en que estuvieron vinculados a Aeropuertos Argentinos 2000. Con todo, en el oficialismo reconocen que se están dando los primeros pasos para poder concretar esta iniciativa.
Si bien la AFI es el organismo rector del Sistema Nacional de Inteligencia, que también integran la dirección nacional de Inteligencia Criminal (Seguridad) y la de Inteligencia Estratégica Militar (Defensa), hasta el momento los tres subsistemas se vienen desempeñando en forma independiente.
La propuesta del organismo conducido por Sívori es que las áreas del Ejecutivo trabajen en un mismo lugar e «integren equipos e información» considerada necesaria para la toma de decisiones del Presidente «en temas de seguridad».
En la central de inteligencia argumentan que el funcionamiento de las dependencias en un mismo lugar «elimina barreras y mejorará la cooperación entre las diferentes áreas, «la fluidez en el intercambio de información» y la integración de equipos y recursos. Y que ese trabajo «coordinado» fue también uno de los objetivos de la ley 27.126 de creación de la Agencia, que fue votada en el 2015.
Cerca de Sívori también ponen como ejemplo el trabajo centralizado que realiza el gobierno norteamericano y que por ello se busca hacer más eficiente la tarea de inteligencia en la Argentina frente a amenazas que puedan afectar la seguridad tanto a nivel interno como externo. El interventor, que es cercano al exministro Guillermo Dietrich pero hoy tiene buena sintonía con Posse, defiende esta iniciativa porque, a su entender, permitiría profesionalizar al sector.
Sin embargo, el plan genera resistencias en algunos ámbitos del Gobierno. En Seguridad, por caso, no están convencidos de mudar Inteligencia Criminal a la sede de 25 de mayo porque «las oficinas actúan mejor en forma independiente y una fusión sería lindera con lo ilegal». Un comisario retirado consultado, en tanto, sostuvo que no es «no es lo mismo la inteligencia que hace Gendarmería o el Ejército, son órbitas diferentes y difíciles de centralizar».
En Defensa, en cambio, se mostraron dispuestos a respaldar la eventual integración de las tres áreas en la oficina central lindera a la Casa Rosada. Hace pocas semanas asumió como director nacional de Inteligencia Estratégica Militar, Marco Alberto Constela, a quien vinculan con la ex SIDE y que sería conocido del influyente Antelo.
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