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Tras seis meses de audiencias, un comité del Senado brasileño recomendó acusar al presidente Jair Bolsonaro y a cuatro de sus ministros de “crímenes contra la humanidad” debido a la respuesta a la crisis sanitaria desatada por el Covid-19, que deja más de 600.000 víctimas mortales en el país. El mandatario se defendió de las acusaciones afirmando que no son culpables de «absolutamente nada».
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que durante seis meses investigó el accionar del Gobierno brasileño durante la emergencia sanitaria, recomendó este 20 de octubre acusar al presidente Jair Bolsonaro y a otros funcionarios de ocho delitos, entre ellos “crímenes contra la humanidad”, epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias y charlatanería médica.
La pandemia de Covid-19 ha matado a más de 600.000 personas en Brasil, uno de los países más afectados del mundo, por lo que el comité destacó en su informe que la abultada cifra se relaciona con las decisiones que tomó el Gobierno brasileño apoyado en el negacionismo de Bolsonaro frente al virus.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el mandatario ha minimizado repetidamente la gravedad del virus, calificándolo de «pequeña gripe», promoviendo tratamientos sin base científica, criticando y bloqueando medidas de los gobiernos locales para frenar la propagación y haciendo campañas de desprestigio en contra de las vacunas. Una actitud que no ha cambiado a lo largo de año y medio de pandemia.
El pedido fue realizado en la última sesión de la comisión, luego de que las plataformas Facebook y YouTube eliminaron la divulgación de un video de Bolsonaro del jueves pasado en el cual vincula la vacunación contra Covid-19 con la posibilidad de contraer SIDA, una mentira que fue dicha durante una transmisión en vivo.
La comisión comenzó este martes su último día de trabajo tras seis meses y se disponía a votar (la tendencia es que sea 7 votos contra 4), el informe del senador Renan Calheiros, que imputa 9 delitos penales a Bolsonaro, entre ellos un crimen contra la humanidad que deberá ser elevado al tribunal internacional de La Haya.
La novedad fue haber incluido un intento para que las redes sociales le cierren el camino a Bolsonaro, algo parecido con lo que ocurrió en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, otro negacionista de la pandemia.
El pedido será enviado al fiscal general, Augusto Aras, y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien investiga a Bolsonaro en una megacausa sobre fake news.
Uno de los pedidos aprobados por mayoría en la comisión prevé quebrar el secreto telemático de Bolsonaro en las redes de las empresas estadounidenses Twitter, Google y Facebook para que provean los datos de administración y accesos de las cuentas para publicar noticias falsas sobre la pandemia.
Bolsonaro está siendo acusado de nueve delitos entre ellos charlatanismo, previsto en el Código Penal, por haber lanzado una suerte de campaña para tomar remedios sin eficacia para un inexistente tratamiento preventivo, con el objetivo de evitar que la población haga cuarentena.
El pedido incluye una solicitud al juez Moraes para que el presidente se retracte de sus mentiras, so pena de una multa de 50.000 reales, unos 9.600 dólares, por día de incumplimiento.
«El presidente es un serial killer (asesino serial) porque las noticias falsas diseminadas en las redes por el presidente matan», dijo el relator de la comisión, Renan Calheiros, del ala opositora del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).
Por otra parte, el relator Calheiros aumentó a 81 el número de imputados para que sean investigados, entre ellos el exjefe de gabinete y ministro de Defensa, general retirado Walter Braga Netto, que fue incluido este martes.
Bolsonaro, por su parte, viajó al amazónico Roraima para visitar a refugiados venezolanos que viven en Brasil y alertó sobre «el peligro del comunismo», en una clave electoral para las elecciones de 2022. Lo transmitió en vivo por Facebook a la misma hora de la sesión de la comisión.
«Este proceso del Senado es una gran fake news», dijo el senador Marcos Rogerio, del bloque oficialista de la comisión.
Gran polémica causó que uno de los imputados es un senador bolsonarista Luis Heinze, miembro de la comisión, defensor de remedios sin efectividad como tratamiento precoz contra la Covid-19.
«Le preparé un regalo, senador», le avisó Calheiros a Heinze al anunciar que era el imputado número 81.
La sesión fue abierta por el presidente de la comisión parlamentaria de investigación (CPI), Omar Aziz.
El informe, según dijo el lunes Bolsonaro, «tuvo un fuerte impacto negativo» de su imagen a nivel internacional.
Los cargos deberán ser elevados a la fiscalía general, al Supremo Tribunal Federal (STF), la Corte Suprema, y a la Cámara de Diputados.
Es la primera vez que el Congreso acusa a un presidente de delitos contra la humanidad.
La sesión deberá extenderse luego de la lectura del informe de la comisión y de otro paralelo que prepararon los senadores oficialistas que defienden al Gobierno.
La acusación también incluye al gobernador de Amazonas, Wilson Lima, por sus posibles fraudes en el manejo de la pandemia en su estado, que fue centro del horror mundial en enero, cuando los pacientes se morían en sus camas por falta de oxígeno.
Por este mismo asunto fue imputado el general retirado Eduardo Pazuello, exministro de Salud.
La cúpula y médicos de la prepaga Prevent Senior de San Pablo también fueron imputados ante la justicia común por haber realizado experimentos con pacientes con remedios como cloroquina, defendida por Bolsonaro y la ultraderecha como forma e generar una inmunidad de rebaño sin cuarentena.
Bolsonaro será acusado pero los cargos chocarán contra el fiscal general Aras, un aliado del presidente que ha cajoneado varios de los cargos.
Los delitos contra Bolsonaro son crimen de responsabilidad por haber defendido la inmunidad de rebaño sin vacuna, uso irregular de dinero público, crimen contra la humanidad, charlatanismo, prevaricato en el fraude de la compra de vacuna Covaxin, charlatanismo, incitación al delito, falsificación de documento, delito de epidemia y delito contra norma sanitaria como el no uso de barbijo.
Con información de: France 24, AFP, O Globo, Télam
