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Los abogados de la Vicepresidenta apelarán. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dio a conocer los fundamentos del veredicto que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ahora todas las partes pueden apelar. Cristina Fernández de Kirchner hablará este viernes en Río Negro.
Los jueces del TOF 2 publicaron sus fundamente, no casualmente, un día antes de su aparición en un acto en Río Negro, donde se espera que de un discurso bajo el título “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. Será este viernes 10 de marzo en la Universidad Nacional de Río Negro, donde le entregarán el título honoris causa.
La cronología de la primera condena a una vice en ejercicio
La denuncia inicial fue radicada en abril de 2016, pocos meses después del desembarco del Gobierno de Macri en la Casa Rosada. El informe que le sirvió de sustento a Iguacel se tituló «Avance de Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23 Distrito Santa Cruz», y describía las supuestas irregularidades a pesar de que luego, en el juicio, se ventiló una de las conclusiones que decía que «no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia (…)» y que «los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las obras».
La denuncia quedó en manos de Ercolini, que el 12 de septiembre de 2016 llamó a indagatoria a los imputados, entre ellas Cristina y ex funcionarios como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario José López. Después de esa etapa, el juez dictó los actos de procesamiento: fue el 27 de diciembre de 2016, con embargos por hasta 10 mil millones de pesos.
Un año después, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, confirmaron ese fallo, ratificado el 2 de noviembre por la Cámara de Casación con la firma de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. El 2 de marzo de 2018, en tanto, se conoció el pedido de elevación a juicio.
Al referirse a los imputados, consideró, por ejemplo, que Cristina «habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad». En el caso de Báez, el magistrado le atribuyó haber participado del montaje «de la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquella los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado».
El juicio que termina con los fundamentos
El 21 de mayo de 2019, la entonces senadora llegó con Carlos Beraldi a la Sala Amia de Comodoro Py para presenciar el inicio del proceso oral. A lo largo del juicio, Cristina declaró tres veces: el 2/12/19 fue indagada, el 23/09/2022 expuso en defensa propia en el cierre del periodo de alegatos y el 29/11/2022 dio sus «últimas palabras» antes del veredicto.
Después de la primera indagatoria comenzó el proceso de declaración de testigos, que se extendió hasta 2021 a causa de la pandemia de coronavirus. Declararon desde ex diputados nacionales hasta empresarios y ex funcionarios como el actual ministro Sergio Massa o el gobernador de Chaco Jorge Capitanich y el presidente Alberto Fernández, todos en calidad de ex jefes de Gabinete.
En el medio, mientras se acercaba la etapa final del proceso, la Corte Suprema jugó sus cartas. El Máximo Tribunal tenía pendiente expedirse respecto a recursos de queja presentados por la vicepresidenta, entre ellos uno que sostenía que el objeto del proceso era cosa juzgada en Santa Cruz y otro que cuestionaba que el juicio se basaba en la pericia de solo 5 de las 51 obras realizadas por Báez y puestas en el foco.
Esos planteos fueron rechazados 21 de junio pasado con votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El 11 de julio del 2022 comenzó la ronda de alegatos, que terminó con un pedido de condena a 12 años de prisión para la actual vicepresidenta por parte de los fiscales Mola y Luciani.
