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Según versiones, desde la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello le pidió la renuncia a Pablo De la Torre, secretario de Niñez y Familia, pero no está claro si el ahora exfuncionario renunció, convirtiéndose en el funcionario número 51 en dejar la gestión Milei en las 24 semanas que lleva en el cargo. la ministra Sandra Pettovello reconoció que hay mercadería a punto de vencer y ordenó un protocolo de distribución. El Ejército se encargará de realizarlo.
En medio de la disputa que mantiene el Ministerio de Capitgal Humano con la Justica, que le ordenó que reparta las toneladas de alimentos acopiadas en depósitos, la ministra Sandra Pettovello reconoció que hay mercadería a punto de vencer y ordenó un protocolo de distribución. El Ejército se encargará de realizarlo. Minutos después de conocerse la decisión, despidieron al secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre.
En una auditoría interna, el Ministerio de Capital Humano detectó la cercanía del vencimiento de alimentos almacenados en galpones de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la ciudad tucumana de Tafí Viejo. En ese marco, Pettovello comenzó un proceso de búsqueda de los responsables de no informar al respecto de la situación de esta mercadería y dispuso que el Ejército Argentino garantice una logística rápida y eficiente de distribución, que será la primera de la actual gestión en casi seis meses. «Todo necesita la firma de la ministra», afirman desde la cartera, a la que se le vencía el plazo judicial para definir la entrega de productos.
Como consecuencia, despidieron a De la Torre, un importante funcionario vinculado a Patricia Bullrich y hermano de uno de sus armadores en la provincia de Buenos Aires, el actual senador bonaerense Joaquín De la Torre. El ahora exsecretario de Niñez y Familia era uno de los pocos funcionarios que se mantenía desde el organigrama original del Ministerio de Capital Humano, que se encuentra erosionado por las renuncias y movimientos de direcciones.
La Justicia ordenó al Gobierno repartir los alimentos almacenados
La medida fue ordenada en la investigación iniciada por una denuncia penal contra el gobierno de Javier Milei por la supuesta interrupción de la entrega de alimentos a comedores comunitarios avanza y ahora intimaron a Sandra Pettovello a informar dentro de 3 días sobre las toneladas de alimentos que están en depósitos.
En febrero pasado, organizaciones sociales, entre ellos, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois presentaron una denuncia contra Pettovello, en la que se la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público “por no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”.
Grabois amplió la denuncia días atrás, cuando según un pedido de información pública realizada por El Destape reveló el detalle de alimentos que estaría próximo a vencerse acumulado en depósitos.
Según la denuncia original de Grabois, e impulsada por la fiscal Paloma Ochoa, la ministra estaría “violando normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumpliendo sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema”.
En su presentación, Grabois reclamó que las unidades ejecutoras de seguridad alimentaria “informen si han recibido subsidios alimentarios por parte del Ministerio de Capital Humano durante 2024″ y que la oficina local de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aclare si se mantiene vigente el Programa de Abordaje Comunitario en el marco del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre.
Amparo y medida de no innovarEn tanto, en el fuero Contencioso Administrativo tramitan otros planteos para que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano “no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos, hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria”.
Los planteos tienen como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, «en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.
También la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación.
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