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Al cierre de esta nota, el rechazo a la reforma de la Constitución que rige en Chile desde el gobierno del genocida Augusto Pinochet, alcanzaba el 61,92% de los votos, sobre el 38,08% que la aprobaba, sobre un total del 95,87% de mesas escrutadas. Primera gran derrota política del presidente progresista Gabriel Boric Font. Votaron en el plebiscito casi 13 millones de chilenos, en lo que fue una jornada histórica.
Según datos del Servicio Electoral (Servel) -hasta las 20.28 hora local- y con un 95,87% de las mesas escrutadas a nivel nacional por un 61,92% se imponía esa opción, mientras que un 38,08% lo hizo por el Apruebo. Más de 11 millones 200 mil personas habían participado del proceso.
La jornada fue larga y estuvo marcada por una gran participación ciudadana. Desde temprano las personas comenzaron a acudir a sus locales de votación, incluso algunas llegaron antes de la apertura de mesas, esto debido al cambio de horario que inicialmente iba a ser este sábado, pero que se aplazó una semana.
Los cinco principales puntos que planteaba la reforma constitucional:
1- Plurinacionalidad
El oficialismo propone que el mecanismo de consulta indígena se aplique «sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas» y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, «no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales».
Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán «los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas», para lo cual se establecerá «expresamente» que sus atribuciones deben ser «coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile«.
Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la «igualdad ante la ley como principio rector»
Además, propusieron que «la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales».
2- Derechos sociales
El nuevo documento constitucional describe a Chile como «Estado social y democrático de derecho» que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas, en contraste con la actual Constitución, que favorece el actuar de las instituciones privadas por sobre el Estado en la provisión de bienes sociales como educación, salud y pensiones.
El texto señala que el Estado debe garantizar prestaciones básicas uniformes otorgadas por instituciones públicas o privadas, propone un Sistema de Seguridad Social público y la creación de un Sistema Nacional de Salud.
Si gana el «apruebo», el oficialismo se comprometió, en el caso de las pensiones, a incluir en la Carta Magna la implementación «del derecho a una pensión digna será en base a un un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad».
También el documento especificó que la propiedad de las viviendas está «absolutamente asegurada».
«Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia».
Por otro lado, el oficialismo abordó el Sistema Nacional de Salud, señalando que «permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores» de los servicios.
«La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados».
El acuerdo también contempla la educación como un derecho, planteando que «se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación».
3- Seguridad
Los partidos que respaldan el gobierno de Boric abordaron los cuestionamientos referentes a los «Estados de Excepción», un tema que ha sido muy controvertido por los hechos de violencia que se registran habitualmente en el sur del país.
Proponen «establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho».
4- Sistema Político
En este tema, el oficialismo se comprometió a analizar el nuevo sistema político que propone el texto de la Convención «para lograr el mejor equilibrio entre el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales».
El pacto no menciona cambios a la propuesta de eliminar el Senado. Por otro lado, propone que «la reelección presidencial no proceda consecutivamente».
En cuanto al gasto fiscal, los partidos anunciaron que consideran necesario «eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias» que causen perjuicios directamente a los gastos del Estado.
Además, plantearon que «la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán ajustarse al máximo anual que a este efecto fije la Ley de Presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal».
5- Poder Judicial
Uno de los temas controvertidos de la propuesta de nueva Constitución es el fin del «Poder Judicial». En su reemplazo crea un «Consejo de la Justicia» integrado por 17 personas, entre ellos ocho jueces, dos indígenas y otros cinco miembros nombrados por el Congreso.
Sobre este asunto, los partidos del gobierno abordaron garantizar la independencia del poder judicial, para lo cual proponen «reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial».
Además, argumentaron la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces.
Adicionalmente señalaron que «conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos».
