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Tras la reunión bilateral entre los mandatarios Alberto Fernández y su par chino Xi Jinping, el Gobierno argentino adhirió oficialmente a la llamada “Franja” y “nueva Ruta de la Seda” (IFyR, o BRI en inglés), una plataforma para la promoción del comercio y las inversiones. Según señalaron fuentes oficiales, con esta decisión, el gobierno estima que podrían rubricarse diferentes acuerdos que garantizan financiamiento por obras por más de 23.000 millones de dólares.
La Franja y la nueva Ruta de la Seda
La Franja y la Ruta es un proyecto económico de la República Popular China que invoca la antigua Ruta de la Seda para potenciar los vínculos con el resto del mundo a través de la creación de dos grandes rutas comerciales, una marítima y otra terrestre, que unirán al gigante asiático con el corazón de Europa, África y América Latina.
En el marco de su gira por China, el presidente Alberto Fernández aprobó la incorporación de la Argentina a la Franja y la Ruta de la Seda y, de esta manera, obtuvo financiamiento por más de 23 mil millones de dólares, informaron fuentes oficiales.
El entendimiento se oficializó durante la reunión bilateral que Fernández mantuvo con su par Xi Jinping en la madrugada de este domingo en el Gran Palacio del Pueblo, en el marco de la gira internacional que realiza el mandatario argentino, que lo llevó primero a Rusia, luego a China y el lunes a Barbados.
Durante el encuentro, que se desarrolló en uno de los salones del emblemático edificio situado frente a la Plaza de Tiananmen, ambos mandatarios refrendaron Memorandos de Entendimiento y acuerdos en distintas áreas.
Con este megaproyecto, emblema del Gobierno de Xi, China busca traer a la actualidad la legendaria ruta comercial por la que fluyó el comercio entre el gigante asiático y Europa a través de Asia Central durante las dinastías Han (206 a. C. hasta el 220 d. C) y Tang (618 hasta 907), los tiempos más gloriosos de la China imperial, al tiempo que reafirma su vocación de restaurar su tradicional lugar como superpotencia.
La iniciativa, que es vista como un Plan Marshall del siglo XXI con el que China pretende moldear sus vínculos con el mundo, incluye el 75% de las reservas energéticas conocidas en el mundo, el 70% de la población mundial y generaría el 55% del PBI mundial.
Tiene dos grandes ejes: en primer lugar, una vía terrestre que una China con Pakistán, Afganistán, Turquía, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Europa mediante los Balcanes hasta llegar a París, algo para lo que China usó las instalaciones ferroviarias existentes, a la que vez que invirtió en la construcción de nuevas.
En segundo lugar, el control de una ruta marítima para llegar a América Latina, África y Medio Oriente, lo que implica la instalación de bases militares y puertos comerciales en los océanos Índico y Pacífico y que ha hecho revivir antiguas rivalidades entre algunos países asiáticos.
Beijing reivindica como propias unas líneas territoriales del mar de China que no son aceptadas por sus vecinos, ni por Estados Unidos, que tiene bases militares allí desde la Segunda Guerra Mundial.
Un total de 139 países están adheridos, entre los cuales hay 30 europeos, 37 asiáticos, 54 africanos y 13 de América Latina.
El primer país latinoamericano en unirse fue Panamá, pero más tarde se sumaron Antigua y Barbuda, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guyana, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
No es requisito estar dentro del proyecto para recibir inversiones chinas y, de hecho, Argentina recibió financiamiento chino desde 2018 sin estar incluida.
El financiamiento es a través de instituciones financieras privadas o gubernamentales chinas y organismos internacionales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y pueden incluir diferentes elementos en cada caso, como la transferencia de tecnología o el uso de componentes locales para construir la obra en cuestión.
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