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Si el Gobierno no utiliza las herramientas que tiene para frenar la especulación ejercida por formadores de precios de alimentos, y no comienza en serio a combatir la inflación, no solo el peronismo perderá en 2023, sino que se habilitará una etapa de profundos retrocesos de derechos y fuertes ajustes salariales, sociales y económicos, que llevará adelante la alianza macrista/radical/libertaria – indistintamente de quien vaya a encabezarla- y que avanza políticamente a partir de los errores del oficialismo.
A los especuladores se los enfrente con decisión, y no con agachadas políticas. Por estos días se supo que el flamante secretario de Comercio, Guillermo Hang, comenzó las negociaciones para renovar la canasta de Precios Cuidados, que permitirán mayores subas en los ítems incluidos para la nueva etapa del programa que se relanzará el próximo 7 de julio, a cambio de que se garantice el abastecimiento de estos productos en las góndolas
Esta decisión que no ataca el problema de fondo (especulación e inflación) se basa en un diagnóstico: la brecha de precios entre los productos del programa y el resto de los que se encuentran en las góndolas (que en algunos casos supera el 30%) provoca una mayor demanda de Precios Cuidados, lo que genera desabastecimiento de estos artículos en los supermercados. Así, el Gobierno corre nuevamente el riesgo de recalentar la inflación, que tímidamente dice combatir.
¿Qué es la Ley de Abastecimiento?
La Ley de Abastecimiento básicamente le permite al Gobierno controlar a los formadores de precios. Por un plazo de hasta 180 días, puede intervenir una firma, obligarla a producir una cantidad determinada de productos, fijar precio y establecer márgenes de ganancias, entre otras cuestiones. Se consideran infracciones incrementar precios “artificial o injustificadamente” de una manera no proporcional al aumento de costos, revaluar existencias sin autorización, acaparar mercadería o materias primas, crear instancias de intermediación en una cadena de valor que no se considere justificado, negar la venta de bienes o de prestar un servicio, destruir mercadería, entre otros.
La modificación del año 2014 de esta Ley, excluye del alcance a las micro, pequeñas y medianas empresas siempre y cuando no tengan posición dominante en un mercado. Originalmente, se preveía penas de cárcel, pero la reforma la eliminó. Se fijan multas de hasta $10.000 millones, decomiso de mercadería, cierre, clausuras, suspensión de dos años para ejercer comercio, y de 5 años para ser proveedor del Estado, entre otras penalidades.
Ver:
Aplicar la Ley de Abastecimiento para evitar faltantes en góndolas y controlar precios
