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El pasado 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández estableció -a partir del decreto 297/2020- el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como respuesta al nuevo brote de Coronavirus (COVID-19) declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La horizontalidad del hashtag #QuedateEnCasa encubre una amplia gama de realidades habitacionales que proyectan la desigualdad social: emerge allí la fragmentación espacial de nuestras ciudades, y la segregación de barrios viviendas y hogares.
Por: Esteban Sanchez (*) y Santiago Bulgach (**)
El pasado 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández estableció -a partir del decreto 297/2020- el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como respuesta al nuevo brote de Coronavirus (COVID-19) declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dentro de este panorama, el gobierno argentino da la impresión de salir por arriba del laberinto de condicionamientos y equilibrios varios que infligía el frente financiero externo, y rápido de reflejos, en relación a otros países, avanzó con una fuerte política de prevención y la disposición de acciones en materia sanitaria, económica y social. La consigna rectora se impuso velozmente en esta coyuntura: QUEDATE EN CASA. Pero, al igual que en el resto del mundo, la horizontalidad del hashtag #QuedateEnCasa encubre una amplia gama de realidades habitacionales que proyectan la desigualdad social: emerge allí la fragmentación espacial de nuestras ciudades, y la segregación de barrios viviendas y hogares.
Los primeros días luego del decreto, los medios masivos de comunicación ofertaban rutinas distendidas para sobrellevar el aislamiento; reiteraban, una y otra vez, los casos de argentinos vacacionando en el exterior o los de aquellos que viajaban hacia la costa atlántica, a pasar la cuarentena en sus casas de veraneo y no en sus domicilios habituales. Quizás, aunque indirectamente, la centralidad comunicacional de estas noticias magnificadas a través de largas horas de pantalla, contribuía también a consolidar una representación de la realidad impuesta que solo es posible para una fracción minoritaria de la sociedad y que, con el correr de los días, se hizo insostenible hasta para los propios medios. Por fortuna, el gobierno de Alberto Fernández accionó con coherencia recuperando sus ejes de campaña e inició prontamente una batería de medidas para paliar la fragilidad económica de muchos hogares argentinos, potenciada ahora por la pandemia.
En cuanto a políticas destinadas a la gestión del hábitat, el gobierno nacional, en el tiempo que va de su asunción hasta el cimbronazo mundial que está provocando el covid-19, dio algunas señales en el sentido de revertir el descalabro y desfinanciamiento que dejó en esta materia la gestión Cambiemos, donde se destaca la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. No obstante, la compleja situación de endeudamiento externo heredada, las instancias de la renegociación de esta deuda y la derivada dificultad de establecer el presupuesto nacional, impidieron el despliegue de iniciativas de escala en este sentido. Actualmente, y con un deliberado carácter de emergencia, entre las medidas destinadas a mejorar los ingresos de las familias, se incluyen algunas iniciativas que abordan centralmente la problemática en cuestión, en ellas incluiremos el plan “Argentina Hace”, que si bien tuvo un lanzamiento previo a la crisis sanitaria, su incipiente despliegue permite pensar su adecuación.
“Argentina Hace” es un programa de infraestructura social básica de ejecución rápida (así se lo define en su web https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/argentina-hace) a partir del cual se estima la creación de aproximadamente 20 mil puestos de trabajo y una inversión de $8.500 millones. Se trata de la puesta en marcha de obras divididas en cuatro grandes grupos: Agua y Saneamiento; Infraestructura Hídrica; Accesibilidad y Movilidad Urbana y Rural; Equipamiento Social
A grandes rasgos, el área denominada de Agua y Saneamiento implica la extensión de las redes de agua potable y cloacas. El desarrollo de este tipo de infraestructuras urbanas redunda en múltiples impactos positivos sobre la ciudad que trascienden largamente las mejoras a nivel empleo. La producción y mejora de suelo urbano, de la mano de una buena planificación, pueden imprimir virtuosos cambios en las estructuras residenciales y en los patrones de habitabilidad y, a la vez, afrontar un déficit histórico que, de acuerdo a la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), registra un 11,4 % de la población sin acceso al agua corriente y un 33,3 % sin cloacas.
El área que confina la denominada Infraestructura Hídrica, está destinada a obras que prevengan inundaciones y a la puesta en valor de espacios de paisaje natural. En el mismo sentido de mejora de las condiciones de hábitat, los últimos relevamientos de la EPH dan cuenta de la magnitud que podría tener una fuerte inversión en este ítem, un 12,8% de los hogares argentinos están ubicados en zonas inundables.
En tercer lugar, el área temática Accesibilidad y Movilidad Urbana y Rural, agrupa las obras destinadas al mantenimiento y la construcción de corredores viales. Y, por último, el área denominada de Equipamiento Social dedicada a poner en valor escuelas, clubes de barrio y edificios patrimoniales. Todas inversiones que, amén de los beneficios directos para los hogares alcanzados, podrían ampliar la capacidad de agencia del Estado, en sus tres escalas, sobre el gobierno de las mismas ciudades.
Al continuar, en orden cronológico, enunciando las medidas gubernamentales dirigidas a mejorar la situación de hábitat y vivienda, aparece la firma, por parte del presidente de la Nación, de dos decretos el día domingo 29 de marzo: el Decreto 319/2020 y el Decreto 320/2020. Las resoluciones incluidas en ambos decretos tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre del corriente año.
El Decreto 319/2020 establece el congelamiento del valor de las cuotas de los créditos hipotecarios que recaen sobre inmuebles destinados a vivienda única; la suspensión de las ejecuciones hipotecarias judiciales y extrajudiciales; la posibilidad de que las deudas por falta de pago y diferencia en las cuotas puedan abonarse en, al menos, 3 cuotas y que no se apliquen intereses ni penalidades de ningún tipo. Todas estas normas rigen también en el caso de créditos prendarios actualizados por UVA.
Por otro lado, el decreto 320/2020, está dirigido a los alquileres. Allí se determina la suspensión de desalojos, la prórroga de los contratos y el congelamiento de los precios de los mismos al valor de marzo. Se establece un plazo mínimo de 3 y máximo de 6 meses para saldar las deudas que pudieran existir por falta de pago, pudiéndose establecer un cobro de intereses que no puede superar la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco de la Nación Argentina. La medida es un alivio, en la espera de una postergada Ley de Alquileres que regule el sector; con datos del primer semestre de 2019 se verifica que el 18,4 % de los hogares en nuestro país son alquilados o arrendados.
Otra cuestión significativa que es soslayada por los grandes medios, es la situación de hacinamiento en el que viven muchas familias de la Argentina. El pasado viernes 27 de marzo, Alberto Fernández recibió en Olivos a los Curas en Opción por los Pobres, y una de las observaciones que le realizaron al máximo mandatario es la dificultad de llevar adelante el aislamiento en las barriadas populares debido a estas condiciones de hacinamiento. Una posible respuesta a esta situación, sugerida por los párrocos, fue el establecimiento de un aislamiento barrial y no hogareño. Según la EPH un 2,4% de los hogares de argentina se encuentra en una situación de hacinamiento crítico; es decir, más de 3 personas por habitación, lo que representa un 4,6 % de la población total.
Si tenemos en cuenta que al 17 de marzo se estimó que había 23 mil argentinos varados en el exterior, lo que representa aproximadamente un 0,06 % de la población, podemos observar la asimétrica vara que determina lo que es noticia y lo que no. Es importante que el Estado argentino no se haya dejado torcer el brazo por el aluvión desinformativo, que sin duda tiene su impacto en la formación de opinión pública
Sin embargo, hay otros tópicos que no fueron alcanzados aún por las medidas de contingencia, o que presentan serias dificultades para abordarlas y que están vinculados principalmente a las situaciones de informalidad, una dimensión en la cual el Estado debe avanzar con la misma premura, el fenómeno en el mercado inmobiliario y en particular en el segmento alquileres es de proporciones. “Todo lo que no se legisla, se legisla implícitamente en favor del fuerte. La igualdad teórica es una desigualdad práctica a favor del poderoso” decía Scalabrini Ortiz. Otro ejemplo claro de esto, es lo que está ocurriendo con los desalojos: si bien el Estado Nacional los ha prohibido a través de un Decreto, en hoteles y pensiones siguen ocurriendo con total normalidad.
Los indicadores de vivienda ociosa en muchas ciudades de nuestro país demandan, también, alguna intervención que desincentive las prácticas especulativas sobre la vivienda. En CABA, los datos del Censo Nacional muestran que entre 1991 y 2010 la cantidad de viviendas vacías se multiplicó por nueve. Según un estudio de Instituto de Vivienda de la Ciudad, en junio de 2019, un 9,2% de las viviendas se encontraban vacías, el equivalente a 138.328 propiedades que es, casualmente, un número muy similar al estimado de déficit habitacional que es de 130 mil hogares aproximadamente. Pablo Vitale, coordinador del área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expresaba, en otro contexto, una analogía premonitoria: “ahorrar en ladrillos es como ahorrar en vacunas en medio de una epidemia. Eso que parece perverso cuando hablamos de salud, nos parece natural cuando hablamos de vivienda».
Para muchos expertos, esta pandemia que nos azota ahora no será, seguramente, la última. Eso no depende del trabajo realizado por el Estado Nacional, sí corresponde al gobierno y a la población rejerarquizar las cuestiones esenciales que hacen a un Estado soberano en el mundo que viene. En lo que respecta al hábitat y la vivienda, la vulnerabilidad de los sectores populares en nuestro país está a la vista. Cuesta imaginar de qué manera se le puede exigir el cumplimiento del aislamiento social y obligatorio a una familia que debe salir de su hogar para obtener algo tan esencial como el agua.
*Licenciado en Economía Política. Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo (CEEPyD). Universidad Nacional de Moreno
**Estudiante avanzado de Economía. Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo (CEEPyD). Universidad Nacional de Moreno
