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El exasesor judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, pidió asilo en Uruguay, donde reside desde diciembre pasado, en medio de la causa judicial en la que es investigado por integrar una asociación ilícita organizada con el objetivo de perseguir empresarios de medios de comunicación –básicamente a los dueños del Grupo Indalo- para que modifiquen su línea editorial con el objetivo de «meter presa» a Cristina Fernández de Kirchner.
El operador judicial planteó en una carta difundida a varios medios que pedía el asilo político debido a que, según su entender, “ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”. «No hay nada grato en el exilio, nada. Pero que la Justicia, institución que debería defenderme de una persecución como la que padezco, sea precisamente la herramienta que utilizan Cristóbal López y De Sousa para perseguirme y privarme ilegítimamente de mi libertad por mi actividad política lícita en representación del Gobierno de la CABA es lo que me llevó a pedir asilo como refugiado político en Uruguay», indicó en la misiva fechada en Buenos Aires, pese a que el asesor de Macri nunca regresó al país.
Rodríguez Simón está citado a prestar declaración indagatoria el próximo 17 de junio, mientras que la citación de otro de los imputados de la causa, Alberto Abad, ex titular de AFIP, también fue postergada para el 9 de junio, según indicaron fuentes judiciales a la agencia Télam.
Vale recordar que la jueza federal María Romilda Servini le había prohibido la salida del país a Rodríguez Simón, aunque la decisión de la jueza habría llegado tarde: el lobista judicial macrista ya se encontraba fuera del país.
Las presiones llevadas adelante por Simón eran desembozadas, como dejó en evidencia el fiscal Gabriel De Vedia, quien contó que el diputado del Parlasur por Juntos por el Cambio le advirtió en su momento que si la procuradora Alejandra Gils Carbó no renunciaba iban a ir presas primero sus hijas y luego ella.
De acuerdo al expediente, la jueza dejó claro que en la causa «se investigan diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri – o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional», según sostuvo Servini.
En ese marco, «se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos».
La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por de Sousa cuando todavía estaba detenido, al igual que López, cuando el juez Julián Ercolini les adjudicó una maniobra con el impuesto a los combustibles líquidos en relación a su empresa Oil Combustibles, caso que ahora está en juicio. Los empresarios estuvieron dos años privados de su libertad.
Cuando declaró ante la jueza Servini como testigo, Cristóbal López describió los aprietes y diálogos incluso con el propio Macri. «‘Necesito el canal para ir por Cristina’, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. ‘Hay que meterla presa’, dijo. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró», fue parte del relato del empresario que describe un encuentro entre ambos el 25 de octubre de 2015, a las 11 de la mañana, antes de las elecciones.
El primer listado con un entrecruzamiento de llamadas, que son 10.738 en total, que entregó a Servini el año pasado la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) muestra 59 comunicaciones de «Pepín» Simón con el actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz (que se extienden hasta 2018 inclusive), 38 con su ex socio en el estudio jurídico, Gabriel Bousat, 17 con el supremo Horacio Rosatti (estos llamados serían en los meses previos a su nombramiento en el alto tribunal), 160 con el exministro de Justicia Germán Garavano, 50 con Presidencia de la Nación, 20 con la secretaría Legal y Técnica, 40 con el exsecretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, 18 con el Consejo de la Magistratura (no se sabe aún con qué consejero/a), el exjefe de asesores José Torello, 15 con el estudio Tonelli, y 140 con un número que estuvo a nombre de la jefatura de Gabinete, que podría haber utilizado Mario Quintana.
Con información de ámbito.com, Télam y Página 12
