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Luego de un debate de más de cinco horas, el proyecto de ley que propone la creación de un Fondo Nacional para pagarle al FMI a partir de la recuperación de dólares fugados, obtuvo media sanción con 37 votos del interbloque peronista del Frente de Todos y aliados, sobre 31 votos negativos de macristas y radicales.
La votación resultó con 37 votos a favor, del Frente de Todos, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina); y 31 votos en contra, de macristas y radicales en Juntos por el Cambio y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).
Estuvieron ausentes cuatro senadores: Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), Luis Juez (Pro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y José Torello (Pro).
El debate de la iniciativa fue el “plato fuerte” de la sesión, aunque ésta atravesó por varios picos de tensión y acusaciones cruzadas en su inicio, sobre todo en torno a la situación del Consejo de la Magistratura y la “pelea” por una banca entre senadores.
El proyecto diseñado por el kirchnerista Oscar Parrilli fue presentado días después que se sancionara la ley de refinanciamiento de la deuda con el FMI, que dividió al Frente de Todos en ambas cámaras del Congreso.
La iniciativa fue girada ahora a la Cámara de Diputados, donde los números para el oficialismo asoman siempre más complicados a la hora de las negociaciones para alcanzar una mayoría necesaria.
El texto prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.
Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
El proyecto introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.
El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
El kirchnerismo tenía la intención de que este proyecto fuese tratado junto a otro que reforma las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero que no tuvo dictamen y se encuentra trabado.
El debate
Fue el pampeano Daniel Bensusán el encargado de abrir la ronda de oradores, quien explicó los aspectos técnicos de la iniciativa, los objetivos y beneficios. Previamente apuntó contra la gestión de Cambiemos por “las desacertadas políticas económicas que nos trajeron hoy en esta situación de deuda”.
“Nuestro país atraviesa una situación crítica en lo que se refiere a deuda externa. De irresponsabilidad política y financiera se expresó en el acuerdo Stand By suscripto en el 2018 con el FMI”, advirtió y señaló que fue el “mayor crédito otorgado en la historia del organismo, en condiciones imposibles de cumplir. No fue destinado ni un solo dólar a la salud, a la educación, a la vivienda, ala inversión en industria”. En esa línea, contextualizó que tras la pandemia el Gobierno actual “tuvo que refinanciar la deuda a los fines de afrontar sus compromisos y que no sea un obstáculo en el camino de recuperación y crecimiento que necita el país”.
Abocado al proyecto, señaló que tiene como objetivo la creación de un fondo que se va a conformar con los recursos provenientes de los pagos que se aplicarán sobre bienes situados y/o radicados en el exterior de personas humanas, jurídicas todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley y que no hayan sido declarados ante la AFIP.
“Los sujetos obligados a esta iniciativa son los que fugaron capitales generados en el país y no los declararon”, apuntó el oficialista y aclaró que “queremos evitar que los compromisos internacionales impagos impliquen un ajuste en las condiciones de vida de trabajadores, que ya han sido duramente castigados por la crisis económica generada primero por la desacertada de las políticas económicas del gobierno anterior, y luego por la emergencia sanitaria de la pandemia”.
Retomando las palabras del doctor Eduardo Barcesat señaló: “No solamente se trata de crear riquezas, se trata también de distribuir adecuadamente dichas riquezas y de que esa distribución igualitaria una a las distintas regiones del país que componen el territorio nacional”.
Por otro lado, explicó que la administración y gestión del Fondo estará a cargo del Ministerio de Economía; el control, fiscalización y supervisión recaerán sobre la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la deuda; las alícuotas varían de acuerdo a cuándo se realiza el pago que deberá ser en dólares.
Además, informó que se realizaron modificaciones al texto original: “Los beneficios no eximen las investigaciones preexistentes por lavado de activos, contrabando, narcotráfico, trata de personas”. En tanto destacó la incorporación de la figura del colaborador porque “ayudará a detectar bienes no declarados en el exterior”.
“No vamos en dirección contraria al mundo, el contexto internacional acompaña esta medida. Argentina se encuentra en un proceso de recuperación y necesita destinar sus recursos en la generación del empleo, políticas imprescindibles para el desarrollo del país. La fuga de capitales y la creación de guaridas fiscales perjudican la creación de Argentina, es un tema de interés, somos el tercer país con más bienes en el exterior”, informó Bensusán y cerró: “El endeudamiento irresponsable perjudicó la soberanía y la independencia económica. El pago de la deuda con fondos en el extranjero es la mejor manera de afrontar los compromisos financieros sin comprometer el desarrollo futuro del país. Este proyecto busca que los contribuyentes no tengan que pagar la deuda millonaria que tiene el país, por el contrario, aquellos que se beneficiaron con la fuga tendrán que hacer los aportes”.
En el mismo sentido, se pronunció el riojano Ricardo Guerra que defendió con firmeza el Fondo para pagarle al FMI: “Es inadmisible que existan en el exterior más de 410 mil millones de dólares de residentes en el país, de los cuales 340 mil millones son fruto de la evasión de impuestos sobre resultados de actividades desarrolladas en nuestro territorio nacional”.
Luego, el legislador recalcó que se trata de “un acto de verdadera justicia, con más razón luego de observarse el esfuerzo y los condicionamientos a que se vio sometida la Nación para encaminar el excesivo, irresponsable e insostenible endeudamiento tomado con el FMI por el gobierno anterior, con el agravante de que durante el lapso en el que ingresaron los fondos del organismo multilateral salieron para la formación de activos externos cifras semejantes”.
En otro tramo de su discurso, Guerra consideró que “estos hechos delictivos no se podrían haber cometido sin la participación de especialistas que, con la conjunción de conocimientos técnicos, vínculos fluidos y la explotación desmedida de los secretos financieros y bursátiles y fiscales provocaron estos resultados”.
Además, el senador subrayó que “el proyecto busca recuperar recursos evadidos por residentes del país y ubicados en el exterior a partir de la acción coercitiva del Estado ejercida a través de la AFIP con el objetivo de constituir un Fondo con destino específico para el pago de la exagerada deuda con el FMI que dejó de herencia la gestión del gobierno anterior y de esta manera evitar que el enorme peso que significará ese pago recaiga sobre la inmensa mayoría de los argentinos que no evadieron, sino que lo haga sobre los que evadieron, fugaron y se beneficiaron”.
También planteó un interrogante: “¿Qué provocaría en nuestro sistema económico si al menos una parte de esos recursos circularan y estuvieran invertidos productivamente dentro del mismo?”. Y modo de respuesta concluyó que “seguramente el déficit fiscal no sería del nivel de persistencia que demuestra dado el incremento en la recaudación tributaria que implicaría, lo que a su vez provocaría que los recursos coparticipables fuesen superiores significando que las provincias tendrían mayores ingresos, el nivel de reservas sería importantes por lo cual no existiría restricción externa o falta de dólares, por las mismas razones la inflación sería mucho más simple de controlar, el nivel de actividad y el PBI serían muy superiores a los actuales, el desempleo sería friccional y la pobreza estaría en niveles bajos. En síntesis, nuestra realidad sería muy diferente a la que tenemos”.
Al cierre, remarcó que “no estamos frente a la creación de un nuevo impuesto, dado que lo que se pretende es recuperar una porción de los recursos no ingresados al fisco y radicados en el exterior originados en la evasión de tributos existentes”.
Y en el mismo sentido, resaltó que “tampoco es un blanqueo, puesto que no implica una convocatoria voluntaria a exteriorizar fondos o bienes no declarados a través de la efectivización de determinadas inversiones en el país o el ingreso de un porcentaje sobre lo blanqueado”.
De la vereda de enfrente, se expresó el chaqueño radical Víctor Zimmermann quien reconoció que un objetivo que comparten es “evitar la evasión y mejorar la recaudación fiscal”. También consideró que “los organismos de recaudación AFIP u otro, tienen los instrumentos vigentes como para poder hacerlo y de pronto, si no lo tuvieran, tuvimos reiterados debates para mejorar la cuestión fiscal y hacer eficiente la cuestión tributaria, nunca nos hicieron saber que les falta alguna norma”.
“Nos parece que la presencia de los funcionarios que no vinieron, era de vital importancia”, lamentó Zimmermann respecto al pedido que habían hecho en Comisión para que expongan el ministro de Economía, Martín Guzmán, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Y cuestionó que “un proyecto como este no fortalece esos objetivos, al contrario, creo que lo perjudica porque permanentemente en los últimos tiempos en argentina se posibilita una regularización impositiva que, de alguna manera, permita salvar la conducta de evasor de muchos contribuyentes fundamentalmente decepcionando a quienes pagamos impuestos”.
En ese sentido, lo calificó como “innecesario impulsar una ley con estas características”, y advirtió que “esto es un blanqueo porque aquel evasor que puede se identificado y se le haga una determinación de deuda con solo el 20% va a poder normalizar su situación fiscal”.
“Es un proyecto inequitativo fundamentalmente para aquellos consumidores que compran y pagan impuestos, para esos asalariados, para aquellos monotributistas que no pueden evadir. Además, no está claro en el proyecto si los fondos que se pueda declarar y encontrar en políticas fiscales argentinas van a comprobar si son o no lícitos”, criticó.
Respecto a la figura del colaborador, apuntó: “Si no se da en un marco institucional muy fuerte, puede convertirse en un problema. Representa un costo muy alto, esta persona podrá recibir hasta el 30% de la determinación e la deuda del evasor en dólares, si lo comparamos con el 20% que va a pagar el que está identificado, nos parece un costo muy alto y no lo aceptamos”.
“Se crea un aporte especial, un nuevo impuesto. Si es así la Cámara de Origen debe ser la de Diputados como lo establece la Constitución Nacional”, denunció el chaqueño y cerró: “La fuga de capitales se dio en gestiones anteriores y en la actual, esto sucede por las condiciones macroeconómicas del país que genera consecuencias negativas porque las ganancias o ahorros de las personas no se revierten en el país para generar trabajo genuino. Es un desafío de todos de generar las trasformaciones necesarias para que la gente pueda quedarse”.
Con información de «El Parlamentario»
