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En unas elecciones con siete precandidatos arrestados, desde el Ejecutivo del espacio que aún continúa llamándose “Frente Sandinista de Liberación Nacional”, afirmó que la participación fue de 65% del padrón. Otros organismos aseguran que el abstencionismo llegó al 80%.
En la madrugada de este lunes, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua hizo un primer balance de las elecciones presidenciales del domingo. En su boletín trasmitido por medios oficiales, el CSE le asignó a la fórmula del Frente Sandinista de Liberación Nacional, integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, una votación del 74,99%, con el 49,25% de las actas escrutadas.
Lo sigue el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con el 14,4% de los votos, y luego aparecen Camino Cristiano Nicaragüense, con un 3,44 %, la Alianza Liberal Nicaragüense con 3,27%; Alianza por la República con 2,2% y el Partido Liberal Independiente (PLI) con 1,7%.
Sin embargo, a pesar del aire triunfalista, el día después a las elecciones pinta peor que ayer para Nicaragua. A la crisis política y social que debe gestionar, el régimen de Ortega suma el paquete de sanciones económicas que Estados Unidos prepara contra Nicaragua. En los próximos días se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firme la entrada en vigor de la conocida como Ley Renacer y que permite torpedear los préstamos de las instituciones financieras o revisar el Tratado de Libre Comercio (Cafta).
Nicaragua exporta a Estados Unidos el 62% de sus productos e importa a precios preferenciales el 30% de lo que consume, por lo que una posible cancelación del Cafta colocaría al país al borde del colapso y el desabastecimiento. Una aplicación estricta de las sanciones económicas agudizaría la situación del segundo país más pobre del continente después de Haití y provocaría un aumento de la emigración y las caravanas hacia Estados Unidos, otro de los grandes temores de la Casa Blanca.
