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Con presiones y negociaciones de todo tipo, que incluyó entregar la Embajada ante ala UNESCO a la senadora neuquina Lucila Crexell (que cobrára por 15 mil dólares por su nuevo cargo de lujo), el Gobierno nacional anotó su primera victoria en el Parlamento, en medio de una feroz represión, que de ahora en más marcará el pulso de una Argentina tomada por el miedo, la brutalidad policial y la represión; una condición para aplicar lo votado con la ayuda suprema de radicales, macristas y algunos peronistas (entre ellos pocos senadores de Unión por la Patria), para que se de vía libre a la precarización laboral, la entrega de la industria nacional y la apertura del lavado de dinero a través del RIGI, los superpoderes obtenidos por un inestable emocionalmente Javier Milei y la reforma del Estado tan ansiada por grupos corporativos, que retirará de hecho al Estado de las necesidades populares de todo tipo. Un retroceso histórico para los trabajadores, estudiantes y jubilados, que será difícil recuperar.
Tras aprobarse en general, el Senado llevó a cabo la votación en particular de la ley de Bases. A propuesta del senador Juan Carlos Romero, la misma se realizó por títulos, de modo de agilizar el trámite.
El primer título, que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, recibió 35 votos a favor y 35 votos en contra. Los dos ausentes fueron los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano. Al repetirse el mismo número tras una nueva votación, la vicepresidenta Victoria Villarruel desempató a favor.
Además, a través del artículo 1ro., el único del título I, se delegan facultades al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. El Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”, reza el texto.
Al pedir modificaciones que el libertario Bartolomé Abdala, miembro informante del oficialismo no aceptó, el senador de Unión por la Patria Daniel Bensusán dijo que de aprobarse habría que “ponerle candado al Congreso por un año” y que tal como está redactado “es anticonstitucional”.
Minutos antes de la medianoche se votó el título II referido a la reforma del Estado, con las bases de las delegaciones legislativas, las privatizaciones, las reformas en procedimiento administrativo y Ley de Empleo Público. Nuevamente, Abdala no aceptó modificaciones pedidas por Edith Terenzi (CF) y Anabel Fernández Sagasti (UP). Otra vez el tablero marcó 35 a 35 y, luego de rectificar, la vicepresidenta desempató a favor del título.
Sin empate, el título III sobre contratos y acuerdos transaccionales resultó aprobado con 37 votos a favor y 33 en contra.
En el título IV, sobre promoción del empleo registrado, el radical Martín Lousteau señaló que se contempla una “moratoria para lo no registrado”, entonces propuso incorporar “más incentivo” para quienes tienen empleados registrados y la creación de un programa en la AFIP. Pero Abdala no aceptó modificaciones. El primer resultado fue de 35 a 35, pero en la segunda votación salió aprobado con 37 votos a favor y 33 en contra.
Al momento de tratar el título V de modernización laboral, más conocido como reforma laboral, los senadores Edith Terenzi (CF), Pablo Blanco (UCR) y Mariano Recalde (UP) pidieron votar por separado el artículo 96 sobre la derogación del Estatuto del Viajante. “No comprendo cuál es el motivo de esta derogación, se trata de un sector muy pequeño, no afecta al sistema, pero sí están en juego más de 50 mil familias”, dijo Terenzi al pedir su eliminación.
Abdala opuso resistencia, insistiendo con que se había aprobado la moción para votar por títulos. Pero ante el reclamo de Blanco y el asentimiento de Romero, se aceptó abrir la votación a ese artículo en particular, que terminó rechazado por 52 votos en contra y 18 a favor. Al superar los dos tercios, es casi imposible que Diputados pueda reponerlo. En tanto, el título sí se aprobó con 37 votos positivos y 33 negativos.
Al pasar al título VI, referido a energía, el senador Oscar Parrilli (UP) cuestionó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, al considerar que “no solamente va a perjudicar a las provincias, sino a todos los argentinos” porque “le va a dar la política energética a las empresas petroleras”. “Es lo más catastrófico que se haya visto”, agregó. Sin embargo, el título se aprobó por 37 votos positivos y 33 negativos.
Cuando se llegó al título VII, sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Abdala hizo una corrección sobre la modificación al artículo 165 que había anunciado más temprano, para aclarar que aplicará a “las grandes inversiones en proyectos de los sectores de foresto-industrial, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas”.
Lousteau pidió reemplazar todo el título por el de su dictamen, al considerar que el RIGI propuesto desde el oficialismo “es enormemente abierto, aplica a beneficiar inversiones que de todas maneras ya estarían viniendo a la Argentina. Le vamos a estar regalando plata a sectores que no lo necesitan, que solo van a aumentar la rentabilidad”. “El RIGI acumula regímenes de promoción”, agregó.
“Afuera los carteles de que ‘la Patria no se vende’, con este RIGI la Patria se regala”, lanzó la riojana Florencia López (UP), quien dio una larga argumentación en contra de este punto. Luego le siguió Terenzi, que alertó por la ausencia de contemplar la cuestión ambiental.
Por su parte, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) dijo extrañar “la amplitud de la redacción original” del artículo 165, para pedir que “no excluyamos ningún sector” del RIGI.
El rionegrino Martín Doñate (UP) se quejó de que “entre gallos y medianoche” se incorporó al sector del turismo y “esto va a hacer pelota a las economías regionales”, advirtió, al afirmar que “es obscenamente inconstitucional por la inequidad tributaria”.
Más adelante, el oficialista Juan Carlos Pagotto (LLA) propuso modificaciones en los artículos 219, 220 y 221 para “mayor énfasis en la defensa de los derechos del Estado” sobre jurisdicción y arbitraje. Pero a continuación, Abdala dijo que no aceptaba cambios y se pasó a votar, resultado aprobado por 38 votos positivos y 32 negativos. En este título hubo tres votos a favor desde Unión por la Patria: el catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés. El resto de UP votó en contra -como todo lo anterior- y junto a ellos, rechazaron también el RIGI, Lousteau y el entrerriano Edgardo Kueider (UF).
Eliminado el título 8° correspondiente a la parte previsional, se avanzó sobre el tema del tabaco, introducido a último momento en Diputados a instancias de la oposición dialoguista. Carolina Moisés propuso mantener el precio base para que las consecuencias nocivas del tabaco en la población generen un precio base que unifique la propuesta comercial. “Hay una combinación de factores e intereses”, aclaró la senadora jujeña, que remarcó que el tabaco es una de las producciones agropecuarias que más mano de obra genera.
“No podemos pensar el tema del tabaco solamente desde una óptica impositiva, como por la ventana nos lo quiso meter la Cámara de Diputados; tenemos que mirarlo desde una óptica productiva”, sugirió, y agregó: “Lo que a nosotros nos interesa es generar un equilibrio y que todos paguen lo que corresponde”, proponiendo que la tasa impositiva se suba al 75% y que se estipule un precio salud lo suficientemente alto para desalentar el consumo, y producir un precio salud de equilibrio fijo de $912.
El senador Juan Carlos Romero no anduvo con rodeos y consideró que “lo peor que nos puede pasar es meternos en este lío de modificar lo que vino de la Cámara de Diputados”, alertando sobre lo complejo que es el tema, donde hay “dos lobbys: las multinacionales y las compañías chicas”.
Desde el oficialismo, Juan Carlos Pagotto consideró que el texto de Diputados carece de técnica legislativa y reclamó redactar bien la norma. Si bien compartió los dichos de los otros dos senadores, se quejó porque los diputados “metieron por la ventana” el tema. Aclaró también que no proponía que hubiera evasión del impuesto, pero estimó que el tema debería ser resuelto por la justicia y no el Congreso. “Estoy de acuerdo con que se vuelva al impuesto histórico del 75%”, aclaró, y adhiriéndose así a la propuesta de Carolina Moisés, llamó a votar “a conciencia”.
A su turno, Martín Lousteau estimó que entre lo que hizo Diputados y la situación actual la novedad es el fallo de la Corte Suprema. Dijo no estar de ninguna de las dos partes y él se mostró a favor de que exista un precio mínimo para que fumar sea más caro. Pero discrepó con Moisés, porque consideró que el precio era la mitad de lo que debería ser. “El riesgo de la media sanción que viene de Diputados es que haya oferta barata de todo el mundo y tornar en abstracto la cuestión de fondo” establecida por la Corte, a su juicio. “Esa media sanción tiene riesgos”, resumió.
Por último intervino el miembro informante, quien admitió que ese tema no lo habían propuesto ellos y por respeto a la otra Cámara dijo no aceptar las modificaciones propuestas.
Los senadores de UP anunciaron su abstención, tal cual terminó siendo la postura de ese bloque en Diputados -“como no estamos ni con uno ni con otro”, justificó José Mayans-, y el resultado final favoreció lo propuesto en la Cámara baja con 33 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones.
La moción de la discordia
Antes de concluir el debate en particular de la norma, se trató una moción de Martín Lousteau para incorporar al proyecto dos títulos de su dictamen: el título 10, de emergencia presupuestaria del sistema universitario, y el 11, reponiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y también garantizar el derecho a la información, considerando la esencialidad de la educación.
Si bien Bartolomé Abdala valoró la intención de la propuesta de su par radical, rechazó sumar ambos títulos a la ley, advirtiendo que la norma ya había sido votada en general y no se podía sumar artículos a la legislación. Fue una larga discusión en la que Lousteau insistía en que se debía votar la moción y Abdala no lo consideraba necesario. “Tenemos que continuar con el dictamen de mayoría, porque es lo que se votó. Por eso no puedo darle curso”, planteó la titular del Cuerpo.
Luis Juez se sumó a la postura del oficialismo, considerando que “no se pueden incorporar títulos del dictamen de minoría al de mayoría”, enfatizó. Lousteau insistió en que así como se puede modificar el dictamen de mayoría, él quería incorporar “dos cosas que son importantes”. Y chicaneó: “Todos los que no quieren votar, no les interesa que en la ley Bases esté la educación”.
Juan Carlos Romero planteó que lo correcto es votar el dictamen de mayoría; si el mismo cae, se pasa a votar el de minoría. “Es casi pedir un tratamiento sobre tablas del tema”, explicó.
Abdala leyó el artículo 175 del reglamento que le daba la potestad de aceptar o no como miembro informante una propuesta de ese tipo. Pero Lousteau insistió en que no querían votar nominalmente “porque se quieren esconder”. Intervino el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, para ratificar que no podía darse ese tratamiento, y Victoria Villarruel se mostró de acuerdo y el tema se dio por terminado.
En última instancia intervino José Mayans sostuvo que el miembro informante debía decir “rechazamos” y ser votada la moción. “¿Cuál es el temor que tienen, si están teniendo mayoría en todo?”, preguntó, pero Abdala le dijo que no tenía dudas en mantener su postura. “Una ley en general no me la podés cambiar en particular. Esta bancada no está dispuesta a aceptar esto”, dijo.
Así se pasó al último punto, el 10°, de disposiciones finales, pero en plena votación Lousteau puso como ejemplo lo sucedido en Diputados con el tema tabaco, agregado justamente en pleno tratamiento en particular. Las discusiones siguieron largo rato, e incluso Juliana di Tullio se negó a votar el último tema para que se atendiera el reclamo de Lousteau. “No puede frenar la votación”, le dijo la vicepresidente, que ante la postura de Di Tullio consideró su postura como una abstención. “No puede frenar la sesión”, insistió Villarruel.
Finalmente se consideró abstención el no voto de Di Tullio, y el resultado del título 10 fue de 36 votos positivos contra 32 negativos.
Sin embargo el tema no terminó ahí. Juliana di Tullio intervino, reclamándole a la titular de la Cámara que ella había pedido que detuviera la votación hasta resolver lo que el senador Lousteau había planteado. “No puede usted dejar este antecedente en esta Cámara. Esta es una violación al reglamento y a sus deberes, y ni le cuento el secretario parlamentario. No puede desoír una moción de un senador. Lousteau hizo una moción de orden y usted puso a votar otra cosa”, se quejó.
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