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La empresa anunció el cierre de sus plantas en Ricardone y Avellaneda por falta de fondos para afrontar los salarios y la parálisis de los contratos de fasón. Alegan que es una medida para “resguardar activos”. Durante la gestión de Mauricio Macri, el Banco Nación le otorgó un préstamo de $18.500 millones de ese momento (unos USD 350 millones), cuando la entidad bancaria estatal era presidida por Javier González Fraga. La empresa nunca devolvió el préstamo al Estado argentino.
Grave crisis. La medida incluye las centrales de Ricardone y Avellaneda. A través de un comunicado oficial, la empresa formalizó la misma «en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta». El motivo esgrimido es «la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cimplir regularmente con los compromisos de la sociedad».
“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, informó la empresa en un comunicado emitido este 6 de abril. En él, justificó la decisión como “una medida de protección de los activos” ante un escenario financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos.
Asimismo, la cerealera manifestó en el escrito difundido este sábado que continúa «en diálogo permanente con todas las partes interesadas» para poder reanudar la actividad.
Además, Vicentin, que enfrenta un proceso judicial, puja por la homologación del concurso preventivo tras el revés sufrido en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que derivó en última instancia el expediente a la Cámara de Rafaela. «Lamentamos que habiendo encontrado la salida clara, concreta y tangible hace más de tres años hayamos alcanzado esta situación extrema», cierra el comunicado.
La situación es crítica. Sin granos, sin ingresos y sin fondos líquidos, la firma decidió detener toda actividad mientras intenta renegociar acuerdos. Esta semana, el juez del concurso había convocado a los principales inversores (ACA y Bunge-Viterra) para reactivar los fasones. Pero la audiencia fue un fracaso: nadie se presentó.
Alberto Padoán, titular de Vicentín, como anfitrión de su jefe político, Mauricio Macri.
Presión empresaria
En el sector agroindustrial, la decisión fue interpretada como una jugada de presión directa hacia los inversores estratégicos y también hacia la Justicia santafesina, que no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. La compañía apuesta a que la parálisis total precipite definiciones clave. Por ahora, la Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.
A su vez, el freno de la operación deja en vilo a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos vinculados a la cadena productiva. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza de alto impacto en toda la industria.
A esto se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. Según fuentes del sector, la empresa mantiene una deuda de más de $400 millones por consumo eléctrico, lo que pone en riesgo la continuidad operativa, incluso si se resolvieran otros aspectos financieros.
La situación judicial también escaló. La semana pasada, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado en más u$s600 millones, a partir de una maniobra que incluyó falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso después de que la empresa ya estuviera en concurso.
Según la fiscalía, los imputados formaron parte de una red que funcionó de manera coordinada para perjudicar a acreedores, entidades financieras y socios estratégicos. Se los acusa de haber montado una «estructura organizativa destinada a cometer delitos de manera sistemática» durante los años más críticos de la cerealera.
En este contexto, la industria aceitera nacional observa con extrema preocupación el desenlace del caso Vicentin. No solo está en juego la continuidad de una compañía histórica, que supo representar el 10% de la capacidad de molienda del país, sino también la estabilidad de uno de los sectores más dinámicos del complejo agroexportador.
