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Así lo denunció la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, a través de una presentación realizada ante el juez del concurso de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini. Solicita que deje sin efecto la resolución del viernes pasado y restituya a los interventores enviados por el Gobierno nacional, Gabriel Delgado y Luciano Zarich. También, que desplace a los once directores de la firma.
La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, fue categórica: “Apenas exteriorizado el estado de cesación de pagos, varios integrantes del directorio comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios. Así están obrando Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentín (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente). Al menos es lo que se conoce hasta el momento, sin perjuicio de que puede haber más”.
Según se desprende del escrito presentado por Stratta, los miembros del directorio concretaron venta o donación de al menos siete inmuebles de diversos activos. Estos datos fueron puestos a disposición del juez que entiende en el concurso en base a datos del Registro General de la Propiedad de Santa Fe.
“Vicentin SAIC es un grupo conformado por más de 20 sociedades empresas que controla directa o indirectamente a través de sociedades uruguayas y que ni siquiera menciona en el expediente de su concurso y que explotan al menos ocho actividades industriales distintas, con elevado volumen de producción y exportación”, señala a modo de resumen el escrito presentado, y agrega: “Vicentín Family Group controla a las sociedades que hasta hace cinco años controlaba Vicentín SAIC. Es verosímil que esa sociedad uruguaya -cabeza del grupo- esté conformada por los socios de Vicentín S.A., aunque esto no puede afirmarse con certeza en este momento. Pero la trascendencia de la cuestión amerita averiguarlo”
La funcionaria, critica también la resolución tomada por el juez Lorenzini el viernes pasado y señala al respecto: “Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales, personas que además están siendo investigadas por graves delitos tanto por tribunales del país cuanto extranjeros”.
