Al igual que hizo con el magro aumento de haberes de apenas 15 mil pesos mensuales a jubilados, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, votada también por el Legislativo. Ahora es turno del Congreso, y en particular, los diputados radicales tendrán la oportunidad de redimirse de una serie de traiciones contra medidas de alcance popular (incluso algunas votadas por ellos), en Diputados. Si bien al cierre de esta nota, Mauricio Macri no se expresó a favor del veto -como sí lohizo cuando se le quitó el aumento a jubilados- se descuentga que el macrismo (PRO) volverá a apoyar a Milei, a pesar de las masivas marchas en defensa del Presupuesto universitario en todo el país.
Después de la marcha federal universitaria, el Gobierno publicó el veto a la ley de Financiamiento Universitario bajo el argumento de querer «dañar al gobierno políticamente» y al equilibrio fiscal, mediante la ampliación de partidas presupuestarias no previstas. Más temprano, en un comunicado, el Ejecutivo acusó a referentes políticos de la oposición que asistieron a la protesta de conformar «un nuevo frente de izquierda populista».
Mediante el decreto 879/2024, el presidente Javier Milei avanzó esta noche con el rechazo a la normativa sancionada por el Congreso, que apuntaba a incrementar el presupuesto del sector universitario y los salarios de los trabajadores docentes y no docentes. La medida era respaldada por una buena parte de la sociedad civil.
El texto publicado en el Boletín Oficial señala que «el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente«. Además, denuncia que «es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
En otra parte del documento, el Gobierno justifica el veto para «limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional».
Y agrega: «la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno»
Salarios: Gobierno aclara cuánto le aumentaron a los docentes universitarios
Para el Gobierno, la recomposición salarial para el personal de de las entidades de educación representó un incremento del 87% por el período entre diciembre y agosto y en términos comparativos con el resto del personal de la Administración Pública Nacional se aprecia que dicho porcentaje se ubica en el 78%, mientras que la variación porcentual acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) para ese período alcanza un CIENTO CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (144 %). Es decir, admite que los salarios están por debajo del índice de precios.
Pero al mismo tiempo, aclara que «establecería un privilegio» para el personal de las Universidades Nacionales respecto al resto del personal de la Administración Pública Nacional, «por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo».
Para el Gobierno, el proyecto de ley procura «dañar» políticamente
El proyecto de ley en análisis, para el Gobierno, «no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente». Y asegura, en el final del decreto, que en todo caso, el financiamiento debe ser discutido al momento de la sanción del Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal que corresponda.