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La polifacética candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, propuso modificar el Código Penal para que puedan grabarse las conversaciones de las personas privadas de la libertad, incluso las que mantengan con sus abogados defensores, lo que generó el rechazo de distintos dirigentes -tanto de Unión por la Patria como de la Libertad Avanza- que advirtieron su «desconocimiento» en materia de derecho, al sostener que se trata de una propuesta que va en contra de derechos consagrados por la Constitución Nacional.
La idea de la candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de grabar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados defensores generó un rotundo rechazo de juristas y académicos, que consideraron que se trata de una propuesta «ilegal» y «prohibida» en Argentina por la Constitución Nacional, al igual que en «todos los Estados democráticos» del mundo y a diferencia de lo que ocurre en naciones regidas «por la ley de la selva».
Exjueces, abogados y profesores universitarios alertaron que la hipótesis de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) viola una «garantía elementalísima», que es la defensa en juicio de las personas y sus derechos, no sólo para la Argentina sino para todos los países democráticos del mundo.
«Distingue sin remedio los Estados democráticos de aquellos en que se pretende que rija la ley de la selva o fuerza bruta de las bestias», graficó en diálogo con Télam Raúl Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires.
El académico explicó que «todas las garantías se encuentran en la escritura fundamental, la Constitución, para autorizar la certeza en las relaciones porque, sin certeza, no hay paz» y advirtió: «En suma, dime las garantías y te diré qué tipo de Estado promueves y defiendes: si el democrático o la barbarie».
También, el diputado nacional Leopoldo Moreau dijo a esta agencia que no le «llamaban la atención» las expresiones de la postulante de JxC porque, con esa iniciativa, «pretende blanquear lo que ya hicieron (el expresidente Mauricio) Macri, (el extitular de la AFI, Gustavo) Arribas y la propia Bullrich cuando ordenaron escuchar las conversaciones en el penal de Ezeiza y Melchor Romero de los detenidos exfuncionarios kirchneristas» durante el Gobierno de Cambiemos.
La Justicia de Lomas de Zamora concluyó en el 2020 que hubo una coordinación entre el Servicio Penitenciario Federal y la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) durante el macrismo, que permitía la circulación de información sobre los exfuncionarios kirchneristas presos.
«Espero que haya un pronunciamiento masivo de los Colegios de Abogados de todo el país, de la Asociación de Magistrados, de las facultades de derecho a esta propuesta descabellada; el derecho a la defensa no sólo es una institución en Argentina, sino en el mundo entero», expresó Moreau.
En una entrevista al canal Neura Media publicada ayer, Bullrich propuso grabar las conversaciones de las personas privadas de su libertad, incluso cuando estuvieran conversando con sus abogados defensores, y aseguró que impulsaría «poner en el Código Penal» esa iniciativa.
«Lo puedo grabar, tenerlo como elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo como un sistema de protección a esa comunicación», añadió Bullrich durante la entrevista.
Ferreyra reseñó que la garantía de defensa en juicio «fue consignada para tutela de todas las personas» y puso de relieve que «no hay autoridad que pueda arrancarla o borrarla» porque probablemente, «tal como se encuentra redactada en la Constitución, es una de las garantías de esta naturaleza más arraigadas y más antigua en todas las Constituciones del mundo».
Por su parte, el exjuez federal Carlos Rosanzki sostuvo que la idea de Bullrich «no es aceptable desde lo ético porque demuestra desprecio por las normas esenciales», pero tampoco lo es «desde lo jurídico porque aspira a un cargo que presupone idoneidad y ella no la tiene».
«Se trata de una idea ilegal prohibida por la Constitución. En la mejor de las hipótesis es una lamentable estrategia de campaña. Pero no es ignorancia, es mala fe», opinó en un breve contacto con Télam el exmagistrado.
Al igual que Moreau, Rosanzki también vinculó la propuesta de la exministra de Seguridad de Macri con las tareas de «espionaje ilegal» realizadas durante la gestión de Cambiemos.
«Están imaginando un escenario de violencia institucional para sostener un programa económico que va a excluir a 10 o 15 millones de compatriotas y tienen el programa de (el exministro de finanzas de la dictadura, José) Martínez de Hoz como meta y el discurso político de (el represor Jorge Rafael) Videla como sustento de esa Argentina que imaginan», reflexionó Moreau.
Es que la garantía de defensa en juicio, como explicó Ferreyra, «involucra completamente la confidencialidad de las conversaciones entre la persona que se encuentra emplazada en un juicio con su abogado de confianza libremente elegido» y se trata de un principio «inviolable».
«Todos los Estados constitucionales y democráticos adoptan en sus textos esa garantía», que en Argentina está contenida «sin alteraciones» desde 1853 en el artículo 18 de la Constitución.
Esta tarde, en una entrevista que concedió a A24, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, consideró que Bullrich «o fue muy mal asesorada o realmente no conoce las normas básicas del proceso penal y del debido proceso».
Con todo, encuadró la iniciativa de la candidata en la costumbre de dar «una respuesta simple para resolver problemas graves».
«Los problemas de las sociedades tienen su complejidad y requieren estudio, análisis, diagnóstico; creo que la candidata tiene mucho de (estas frases) `con coraje, con decisión, los grabo`, pero las cosas son más complejas; hay normas, hay Constitución, hay tratados internacionales sobre el debido proceso y hay tratados de derechos humanos», graficó.
Más temprano, se pronunciaron en las redes sociales la abogada y candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria (UxP), Graciana Peñafort, quien definió como una «barbaridad» lo dicho por Bullrich y le espetó: «Desconocés la Constitución del país que pretendés gobernar».
De igual modo, el abogado Gregorio Dalbón consideró «nefasta» la manifestación de la titular del PRO en uso de licencia y planteó: «No es una burrada, es proponer que no exista el derecho a defensa. ¿Cuándo pasó eso? En dictaduras y fascismos».
También, la exministra de seguridad fue repudiada por el cosecretario general de la CGT Héctor Daer en relación a sus propuestas de «eliminación de leyes de multa de indemnización por despido», «la eliminación de la justicia laboral nacional» y la implementación de un «tope de años para cobrar la indemnización laboral».
«Bullrich continúa con sus propuestas repudiables. Quitar indemnizaciones, eliminar la representación de lxs trabajadorxs y ahora propone destruir el fuero laboral, generando así una desprotección impensada hacia los trabajadores», afirmó Daer en la red social X.
Sobre este aspecto, el titular del sindicato de la sanidad remarcó que «lxs argentinxs no necesitan que se recorten sus derechos. Necesitan que se amplíen sus oportunidades de desarrollo y trabajo».
«No necesitamos volver al pasado, Patricia. Lxs argentinxs queremos un futuro próspero, con trabajo, con derechos y con Justicia Social», concluyó el dirigente sindical.
